* Discurso del embajador Jorge Eduardo Navarrete, durante la Asamblea Informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, en el Monumento a la Revolución


Hablo en nombre de alrededor de un centenar de mexicanos que intervenimos en la elaboración de la iniciativa ciudadana de reforma energética.

Constituimos un grupo muy diverso, de personas de diferentes ideologías.

Hubo militantes de varios partidos y otros que no militamos en ninguno.

Hubo ingenieros de diversas especialidades, abogados, economistas, científicos y también, desde luego, escritores, artistas, periodistas.

Muchos de nosotros habíamos participado en los foros del Senado, o en el debate de la Universidad Nacional, o en el de la Academia Mexicana de Ciencias, como expertos, exfuncionarios y especialistas.

Mujeres y hombres unidos por una convicción común: después de nosotros mismos, los mexicanos todos, el petróleo es el principal recurso natural del que dispone México.

Unidos también por la preocupación ante el peligro de que la explotación y manejo de ese recurso, que la Constitución reserva en exclusiva al Estado mexicano, se entregue a empresarios, contratistas o permisionarios privados, del país y, sobre todo, del extranjero.

Respondimos al llamado del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de los partidos del Frente Amplio Progresista para preparar una iniciativa ciudadana, anclada con firmeza en el mandato constitucional.

Una iniciativa con sólidas bases técnicas, que se nutriera de firmes contenidos nacionalistas y que respondiera a las necesidades de México.

Sobre todo, una iniciativa que restaurara a la industria petrolera como pilar del desarrollo nacional.

Una iniciativa para fortalecer a PEMEX, que ha sido debilitado y expoliado, que ha sido víctima de la ineficiencia y la corrupción.

En este momento, el petróleo encierra la más importante oportunidad para potenciar el crecimiento de la economía y dar base a un desarrollo diferente, que combata la miseria y reduzca la desigualdad; que vea por el bien de todos y, primero, por el de los pobres.

El petróleo y el gas natural, los hidrocarburos, constituyen la base material más importante del proyecto alternativo de nación que México reclama.

En poco menos de un mes, ese grupo ciudadano preparó cuatro documentos, que fueron entregados a Andrés Manuel López Obrador y a los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista:

Primero: Una propuesta de los lineamientos básicos de una política energética de Estado que comprende al conjunto del sector de la energía, no sólo al petróleo.

Propone una política de energía integral y de largo plazo, que responda al cuidado y restauración del medio ambiente.

Una política que, sin desconocer la importancia de los hidrocarburos, privilegie el desarrollo de otras fuentes de energía, para lo que propone establecer el Instituto Nacional de Energías Renovables.

Una política que aliente la investigación y desarrollo tecnológico nacionales, en el Instituto Mexicano del Petróleo y en las universidades e instituciones públicas de enseñanza superior y de investigación.

Una política que promueva la proveeduría por parte de empresas mexicanas y el desarrollo de la ingeniería nacional, en los grandes proyectos de construcción.

En suma, una política que se traduzca en una industria petrolera y una industria eléctrica, eficientes, diversificadas, responsables con el ambiente y que satisfagan las necesidades del desarrollo nacional.

Segundo: Un conjunto de iniciativas de reforma de diversas leyes, orientadas a fortalecer a PEMEX, atendiendo a su desarrollo a largo plazo.

Me referiré sólo a los dos más importantes de los siete proyectos de reforma legal que constituyen la iniciativa ciudadana:

Se propone reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para reestablecer el carácter de PEMEX como organismo público descentralizado, plenamente integrado.

Para superar su fragmentación en subsidiarias, que ha convertido a México en exportador de crudo e importador de refinados y petroquímicos y corregir el sesgo exportador, que ha llevado al país a dilapidar sus reservas.

Para dotarlo de autonomía de gestión y presupuestaria, con procedimientos efectivos y transparentes de rendición de cuentas al Congreso y al pueblo de México.

Para que garantice la seguridad energética de la Nación y la sustentabilidad de la plataforma de extracción; para que diversifique sus mercados y sus proveedores e incorpore mayor valor agregado a sus productos.

Para excluir en definitiva los contratos de riesgo, bajo todas sus formas y disfraces, y para proscribir el sometimiento del organismo a tribunales del extranjero, en controversias relativas a actos realizados en el territorio de la Nación. Que sean las leyes mexicanas las que rijan en México.

También se propone una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que define las características organizativas, formas de gobierno, dirección y control de PEMEX, haciéndolas más eficaces, democráticas y transparentes.

Que otorga especial importancia a nuevas disposiciones en materia de planeación y programación, para que PEMEX deje de responder a las emergencias de gasto del gobierno y atienda su propio desarrollo a largo plazo.

Que regula la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas para evitar el contratismo exacerbado, que ha traído ineficiencia y corrupción.

Las reformas a otras cinco leyes complementan la orientación nacionalista, a favor de la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad ambiental de PEMEX.

El tercer componente de la iniciativa ciudadana es un Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, que atienda la urgencia de rescatar al organismo de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos.

Con este programa se asignarán mayores recursos al organismo para que los destine a actividades que se han rezagado: exploración, refinación, conservación y mantenimiento de equipos y plantas, petroquímica, ductos y almacenamiento. e investigación y desarrollo.

Estos mayores recursos provendrían de una reducción de la tasa del derecho ordinario de hidrocarburos, entre otras acciones que darían fin a la confiscación de los recursos de PEMEX por parte del gobierno.

Con este Programa demostramos que, incluso sin ninguna reforma, existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de PEMEX y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento.

Demostramos que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a PEMEX.

El cuarto documento es un análisis crítico pormenorizado de las otras dos iniciativas de reforma petrolera que se han presentado al Congreso. Este análisis podrá ser usado por los legisladores del Frente Amplio Progresista en el debate legislativo que se avecina.

Todos estos documentos han sido ya entregados formalmente, por los partidos del FAP, a la Comisión Permanente, que los ha turnado, según corresponde, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados.

Mañana, cuando comience, el nuevo período de sesiones del Congreso, junto a las iniciativas de intención privatizadora y con rasgos de inconstitucionalidad, se podrá discutir también esta iniciativa ciudadana: apegada a la Constitución, de gran solidez técnica, moderna y eficaz.

Comprometamos nuestro esfuerzo para sacar adelante la iniciativa ciudadana, convertida en la iniciativa del Frente Amplio Progresista. Asegurémonos que el petróleo siga siendo de todos los mexicanos.

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