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En México, los ex presidentes gozan
de una serie de prerrogativas que además
de extender sus privilegios más allá del
periodo para el que fueron electos representan
erogaciones significativas de recursos públicos.
Estas prerrogativas
tienen un fundamento jurídico
poco claro pues descasan en dos acuerdos presidenciales
no públicos, el primero del 25 de noviembre
de 1976 y un segundo del 31 de marzo de 1987.
En el primero de ellos
se dispuso que al concluir su mandato, el
ciudadano que hubiese ocupado
el cargo de Presidente de la República
dispondría bajo sus órdenes directas
y como apoyo para el desempeño de sus
actividades generales, de personal del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada. En concreto,
se comisionarían 78 militares: 45 miembros
del Ejército, 22 de la Armada y 11 de
la Fuerza Aérea.
Asimismo, en el segundo
acuerdo se formalizó el
disfrute de una pensión y de prestaciones
de seguridad social equivalentes a las que
percibe en la actualidad un secretario de estado.
Al respecto, también se garantizó el
derecho del cónyuge para continuar disfrutando
de la pensión presidencial en caso de
fallecimiento del ex presidente, así como
de los seguros de vida y gastos médicos
mayores, incluidos los hijos.
Además, como parte de este segundo
acuerdo, se incrementó la planta de
personas a su servicio, destinando 25 servidores
públicos civiles adscritos a la Presidencia
de la República para atender los asuntos
personales de cada ex presidente. Cabe señalar
que Ernesto Zedillo renunció a su pensión
el 1º de junio de 2002, pero no así a
los apoyos administrativos y de seguridad personal.
Con el propósito de normar las pensiones
de los ex presidentes, evitar las discrecionalidades
y transparentar la asignación de las
mismas, en el año 2002 y en 2003 se
presentaron iniciativas para regularlas. La
primera impulsada por el Senador Oscar Cantón
Zetina de la fracción parlamentaria
del PRI y la segunda por el Senador Armando
Chavarría Barrera de la fracción
del PRD.
En estas iniciativas
se detallan las prerrogativas arriba mencionadas.
En concreto, se señala
que cada ex titular del Ejecutivo Federal dispone
para su servicio personal de un total de 103
personas, entre militares y servidores públicos.
Tomando en cuenta que actualmente sobreviven
cuatro ex mandatarios, hay un total de 412
personas encargadas de brindarles seguridad
y apoyo administrativo, todos con percepciones
a cargo del erario federal. En conjunto y sin
considerar la pensión y el personal
que se asignaría al futuro ex Presidente
Vicente Fox a partir del 1 de diciembre de
2006, los ex presidentes disponen hoy de:
312 efectivos
militares, que incluyen 4 generales;
100 servidores
públicos civiles,
que incluyen 4 plazas de director general,
estructura administrativa que es equiparable
a una subsecretaría de la Administración
Pública Federal.
Conviene señalar que en 2002, el monto
de los recursos destinados a cubrir los gastos
de los ex presidentes ascendía a un
total anual de 260 millones de pesos orientados
de la siguiente manera:
27.5 millones de
pesos por concepto de pensiones, incluyendo
sueldo bruto, bonos,
reconocimientos, estímulos y aguinaldo.
31.0 millones de
pesos correspondientes a gastos de funcionamiento
y operación
por concepto de inmuebles, equipo de oficina
y transporte, viajes y servicios, además
de los seguros de vida y gastos médicos.
201.5 millones
de pesos para cubrir los sueldos del
personal militar y administrativo
que tienen asignado a su servicio personal. Por todo lo anterior,
y con el fin de eliminar privilegios que
representan una carga onerosa
para el erario público, nos proponemos
reorientar estos recursos hacia programas sociales
e inversiones útiles para la nación
en proyectos prioritarios. Para ello proponemos
revocar los acuerdos mencionados o proponer
una iniciativa de ley que de manera explicita
elimine las pensiones de las que actualmente
gozan los ex presidentes.
ANEXO
a) Iniciativa del Senador
Cantón Zetina:
http://pri1.senado.gob.mx/senadores/canton/canton1200/trabaja/iniciativa05jun02-3.php
b) Iniciativa del Senador
Chavarría
Barrera:
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