Actualmente, en México se vive la distribución
territorial del poder de decisión más
amplia de toda la historia del país como
nación independiente. Esta distribución
ha sido generada tanto por el incremento de la
pluralidad política de las autoridades,
como por el proceso continuo de reformas que,
durante las últimas dos décadas,
han descentralizado facultades y recursos. Hoy
los gobiernos estatales y los ayuntamientos son
electos democráticamente, actúan
con la autonomía política que les
corresponde, tienen que responder a sus electores
y reclaman recursos para cumplir con sus responsabilidades.
En este contexto, se
han activado las instituciones del federalismo
mexicano –la llamada
división vertical de poderes–,
y los principales conflictos de competencia
entre niveles de gobierno se están dirimiendo
satisfactoriamente ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por la vía
de controversias constitucionales.
De manera paralela,
aunque la Secretaría
de Gobernación es, formalmente, la encargada
de las relaciones políticas con las
entidades federativas, lo sustancial de las
relaciones y conflictos políticos entre
el Ejecutivo Federal y los estados y municipios,
se dirimen, más que en el área
política tradicional, en el ámbito
de la Secretaría de Hacienda.
Lo anterior tiene cierta
lógica: la
creciente desigualdad regional es el reto fundamental
del federalismo mexicano. Y, en un contexto
de pluralidad, cada nivel de gobierno reclama
para sí recursos y ejercicio autónomo
de sus competencias pero, a la vez, todos son
interdependientes. Corresponde a la federación
velar por esta integración que la desigualdad
pone en riesgo.
Por ello, la tensión en las relaciones
entre la federación y los estados tiende
a concentrarse en los ámbitos de la
SHCP y en la instrumentación territorial
de los programas federales.
Dada la concentración del proceso de
recaudación establecida en el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, la
SHCP es la que suministra a las entidades federativas
los ingresos que les corresponden. Basta señalar
que el 90 por ciento de los ingresos de los
estados, son transferencias federales y, por
lo que corresponde a los municipios, el 80
por ciento.
Así, la SHCP es la dependencia del
Ejecutivo que mayor interlocución y
poder de negociación tiene con los gobiernos
de las entidades federativas. Esto se concreta
en dos sentidos: por la vía de los mecanismos
establecidos para el suministro de ingresos
y, al mismo tiempo, porque también corresponde
a Hacienda la autorización del ejercicio
del gasto que las otras dependencias del Ejecutivo
realizan en los estados y municipios.
Recordemos que las
relaciones vigentes, en esta materia, se
norman a partir de la Ley
de Coordinación Fiscal que se promulgó en
1980 y es obvio que las condiciones económicas,
sociales y políticas han cambiado. Por
eso, debe llegarse a un acuerdo que permita
redefinir, en lo esencial, quién tiene
que cobrar los impuestos y cómo distribuir
el presupuesto público para hacer frente
a las desigualdades sociales y regionales crecientes
que caracterizan a nuestro país.
Ante esta realidad,
la Conferencia Nacional de Gobernadores puede
ser el espacio de confluencia
entre intereses comunes a las entidades federativas
y una instancia para la institucionalización
de las nuevas relaciones entre el Ejecutivo
federal y los estados.
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