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En un Estado social y
democrático de
Derecho la tarea de la seguridad pública
debe propiciar un sentimiento generalizado de
tranquilidad.
La inseguridad que
se ha venido sufriendo afecta a todos los
sectores. Tenemos claro
que, sin atender esta demanda, resultará ociosa
cualquier nueva propuesta de nación.
Pero no es con criterios
policíacos
como debe resolverse el problema. Suponer que
el deterioro de las relaciones sociales se
combate únicamente a través del
uso de la fuerza pública y de la violencia
del Estado, es rotundamente falso y muy peligroso.
La ley debe aplicarse, sin duda, pero no por
ello disminuirá la delincuencia y cederá la
violencia social. Sin reformas sociales y sin
el fortalecimiento de valores no será posible
detener el deterioro de la sociedad.
Claro está que, también, enfrentar
a la delincuencia demanda un combate a la corrupción,
trabajo coordinado, profesionalismo, reconocimiento
a los buenos servidores públicos y mucha
firmeza y perseverancia.
Para la industria del
crimen, nada es más
benéfico que el terreno propicio de
una autoridad corrupta: de ahí que procure
incentivarla. La corrupción se convierte,
así, en uno de los temas capitales de
la seguridad pública y se vuelve un
asunto de seguridad nacional, porque pone en
riesgo la gobernabilidad y la fortaleza de
las instituciones. La credibilidad de un gobierno
puede venirse abajo, por deslealtades que suponen
corrupción y es un hecho que muchos
delitos no pueden explicarse sin el contubernio
de servidores públicos.
Por eso, es fundamental
cuidar la selección
de los elementos que ingresan a las corporaciones
policíacas; los sueldos; la capacitación
y el establecimiento de controles efectivos
y de supervisión.
En materia de coordinación, el gobierno
federal no debe desatender la responsabilidad
de sumar los esfuerzos en todos los niveles
de gobierno, con estricto respeto a las autonomías
de los estados y municipios. Pero, el problema
de la delincuencia organizada no se puede enfrentar
con un sistema de seguridad pública
nacional desorganizado. Si la seguridad pública
abarca desde la Policía Preventiva,
los Ministerios Públicos y los Tribunales
hasta las prisiones, es urgente definir criterios
uniformes en la actuación de todas las
instancias involucradas.
La delincuencia organizada
es el problema más complejo que se ha presentado en
los últimos años en el terreno
de la seguridad pública. Los factores
que incidieron en su conformación fueron,
fundamentalmente, la incorporación a
las bandas delictivas, de agentes del Estado
que, desleales a principios, proveyeron de
información y protección a células
criminales.
Los delitos en que
incurren estas organizaciones y que deben
ser incluidos, por su gravedad,
en una agenda diversa, son el narcotráfico,
el contrabando y la privación ilegal
de la libertad.
Ante este fenómeno, se debe tener en
cuenta que lo más eficaz es el trabajo
de inteligencia y la profesionalización
de la investigación. En otras palabras,
si hay voluntad, el combate al crimen organizado
es más un problema de inteligencia que
de fuerza.
Bajo esta perspectiva
impulsaremos algunas acciones de reorganización de las áreas
vinculadas a la seguridad pública que
consideramos indispensables.
Con
Respecto a la Secretaria de Seguridad Pública.
Una simple revisión del proceso de
formación de la SSP nos muestra que
ha carecido de un plan integral y que, más
bien a respondido a circunstancias particulares
o a respuestas “políticas” frente
a presiones de la opinión pública.
Primero, en 1998, ante
el crecimiento acelerado del crimen se creo
la Subsecretaría
de Seguridad Pública de la Secretaría
de Gobernación. Su estructura absorbió a
la anterior Subsecretaría de Prevención
y Readaptación Social, así como
a los órganos desconcentrados: Consejo
Tutelar de Menores, Policía Federal
Preventiva (PFP), Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP). Después, en enero de 1999, se
promulgó la Ley de la Policía
Federal Preventiva, un año antes de
que existiera la Secretaría de Seguridad
Pública. En su origen la PFP fue un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
y aglutino a las policías fiscal, migratoria
y federal de caminos, a miembros del CISEN
y a elementos proporcionados por las fuerzas
armadas. Y, finalmente, al iniciarse el gobierno
panista fue creada la Secretaría de
Seguridad Pública. La nueva Secretaría
se integró con la estructura burocrática
que tenía la Subsecretaría de
Seguridad Pública de la Secretaría
de Gobernación y se le agregaron los órganos
desconcentrados: Policía Federal Preventiva,
Secretariado Ejecutivo del SNSP, Consejo de
Menores, Órgano Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social. Fue hasta el
6 de enero de 2005 se publica el Reglamento
Interior de la Secretaría de Seguridad
Pública, que reorganiza a la dependencia
en dos Subsecretarías: la de Prevención
y Participación Ciudadana, responsabilizada
del ámbito penitenciario, derechos humanos,
participación ciudadana y prevención
del delito, y la de Política Criminal,
considerada la del ramo y encargada del diseño
y formulación de políticas públicas
y estrategias en materia de política
criminal.
Esta constante improvisación denota
la falta de una política criminal definida,
genera diversidad de criterios y carencia de
unidad en las acciones dirigidas a conseguir
la seguridad pública que reclama la
ciudadanía. Lo cual se agrava aún
más con la división de las responsabilidades
de seguridad en los ámbitos municipal,
estatal y federal, que impide una adecuada
coordinación entre todos los niveles
de gobierno.
Así las cosas, los instrumentos federales
con los que se cuenta actualmente para una
coordinación en materia de seguridad
pública son:
Sistema Nacional de
Seguridad Pública, cuya tarea
es buscar la coordinación
institucionalizada.
Secretaría de Seguridad Pública
Federal, cuya tarea es generar las políticas
tendientes a ejecutar el Programa Nacional
de Seguridad Pública.
Policía Federal Preventiva, cuya
tarea es la salvaguarda de la integridad
y de los
derechos de las personas y la previsión
de los delitos federales.
Pero, en realidad,
estas áreas no están
integradas y carecen de coordinación.
Por ello, consideramos necesario:
-
Desparecer la figura
del Comisionado de la Policía Federal
Preventiva y dejar directamente en la SSP
el Mando
Operativo
de la PFP.
Crear dentro de
la SSP una dirección
operativa para que el Sistema Nacional de Seguridad
Pública coordine eficazmente a todos
los Estados y Municipios del País
en esta Materia.
-
Que exista una
Dirección General
de Información, donde se concentren
todos los índices delictivos y se provea
a su vez a todos los niveles de gobierno la
información que permita una planeación
estratégica adecuada.
-
La intervención
de la PFP debe dirigirse estrictamente
a las zonas de mayor
incidencia delictiva tanto federal, como
estatal y municipal, actuando en conjunto
y de manera
coordinada.
Vinculación con la Procuraduría
General de la República a efecto de
proporcionar información, dar seguimiento
y apoyo técnico operativo en acciones
encaminadas al combate a la delincuencia
organizada.
Reorganización
de la PGR y Principales Líneas de Trabajo.
La Procuraduría General de la República
sufre una grave crisis que se manifiesta en
la falta de confianza de la población
respecto del desempeño de su tarea,
en virtud de que desgraciadamente su actuación
no da los resultados que se esperan.
Así por ejemplo, se tienen documentados
casos en los que el órgano técnico
en materia penal encargado entre otras cosas
de la procuración de justicia no logra
que un juez libre una orden de aprehensión,
llegando inclusive a recibir regaños
por parte de los órganos encargados
de administrar justicia debido a la falta de
técnica en sus planteamientos. También
se advierte que en muchos de los llamados “asuntos
relevantes” se comenten graves errores
que llevan a la imposibilidad de detener grandes
capos y, en contrapartida, se detienen y arraigan
a inocentes. Por todo ello, la PGR se percibe
actualmente como debilitada, vulnerable e incapaz
de dar la lucha en contra de la delincuencia
organizada.
El problema no se puede
simplificar, pues estamos conscientes de
que se trata de una
problemática multifactorial, sin embargo
de todas las causas que intervienen para generar
esta situación, si se pueden advertir
claramente algunas que cobran mayor relevancia
y que exigen una nueva orientación.
1.- La falta de control
centralizado respecto de las actuaciones
del Ministerio Público
Federal. La actual multiplicación de
subprocuradores ha dispersado el mando y genera
confusión y duplicidades. Es necesario,
de acuerdo con las funciones sustantivas encomendadas
a la PGR, regresar al sistema de contar únicamente
con dos subprocuradores, el de investigaciones
y el de procesos.
2.- Carga innecesaria
de funciones ajenas a la tarea originaria
del Ministerio Público
Federal. En particular existen ambigüedades
entre algunas tareas de la PGR y de la Consejería
Jurídica de la Presidencia. Fortalecer
a ésta última para que cumpla
cabalmente con los objetivos que fue creada,
permitiría la concentración de
la PGR en sus funciones esenciales.
3.- Es necesario analizar
y definir los criterios indispensables para
que exista una autentica
coordinación entre la PGR y las instancias
encargadas del manejo de información
de inteligencia para el combate al fenómeno
delictivo.
Se trata de normar
de manera eficaz la obligación
de coordinarse y colaborar en el manejo compartido
de datos a fin de que se logre utilizar tal
información para la lucha contra la
criminalidad. En la actualidad existe un gran
recelo para el manejo de información
y ésta sólo se abre en forma
limitada, entre las entidades involucradas
en está tarea estarían la
PGR, el CISEN, la AFI, la PFP y el Ejército.
Para esto será necesario que el titular
del ejecutivo federal instruya a los diferentes
organismos y dependencias a fin de que con
los instrumentos legales con los que ya se
cuenta, exista la obligación de proporcionar
y compartir la información que respecto
de cualquier fenómeno delincuencial
deba ser atendido por la PGR así mismo
se deberá tener una estrecha supervisión
de que se cumpla con lo ordenado por la ley
y por ejecutivo federal, a fin de que no se
sea como hasta ahora, solo letra muerta.
4.- Desarrollar a profundidad
el esquema de las áreas que funcionan correctamente.
El modelo planteado para la creación
y funcionamiento de la Agencia Federal de Investigación
tiene potencial de desarrollo. El problema
es que el mismo se encuentra limitado pues
no encuentra reflejo en las entidades federativas
que reportan los índices delincuenciales
más relevantes.
Esto es así, pues no obstante que sin
duda se requiere una gran inversión
para establecer las Delegaciones de AFI en
toda la república, comenzando por aquellas
zonas en las que los índices delictivos
son más elevados, sin embargo, es indispensable
privilegiar el área de inteligencia
de la institución, pues es en ella en
la que descansa su tarea fundamental de investigar
los delitos.
El desarrollo futuro
de la AFI requiere de la creación de una dirección
de asuntos internos, encargada que se instauren
procedimientos de investigación de responsabilidades
de los servidores públicos que la integran.
5.- Reforzar el área de visitaduría
para supervisar el trabajo de los agentes del
Ministerio Público. Se considera fundamental
reforzar estas áreas con personal especializado
a fin de evitar el rezago en la atención
de los asuntos, así como las prácticas
irregulares de los servidores públicos
de la institución. Es así que
se estima necesario que la visitaduría
amplíe sus acciones y haga una mayor
presencia en el campo de la práctica
y no sólo con visitas aisladas y esporádicas
sino con un verdadero programa sistematizado
y aprobado por el Procurador General de la
República.
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