En México y en el mundo, en un principio, las personas con discapacidad fueron objeto de una marginación manifestada a través de la exclusión pasiva, ya sea por internamiento en su hogar, asilos u hospitales, o bien mediante el abandono de la responsabilidad sobre estas personas.

De hecho la atención a las personas con discapacidad se centraba en el tratamiento médico de la disfunción física que presentaban, considerando su adaptación a las diferentes situaciones, de ahí que los modelos de atención se enfocaran hacia una rehabilitación física estableciendo centros que fomentaban las terapias corporales o mentales como principal eje de su acción.

En este caso el médico es el encargado de dictaminar las acciones que deberían de aplicarse a las personas con discapacidad y sus familias, buscando la cura corporal o biológica.

Con este enfoque se crearon los centros de rehabilitación y educación especial, establecidos en el país.

Después, la discapacidad empezó a ser entendida bajo la política de la rehabilitación, centrada en estudiar las deficiencias y dificultades de este grupo de población, otorgándoles el papel de pacientes.

Particularmente, a partir de la década de los setenta, se incrementan los esfuerzos internacionales en la materia.

En 1971 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difunde la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975 la Declaración de los Derechos de los Impedidos, resaltando la importancia de que las personas con discapacidad tuvieran acceso a la atención médica, educación, capacitación y empleo.

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Centro de Clasificación de Enfermedades de París, publica la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.

En ese mismo año, se celebró la 14ª Conferencia Mundial de Rehabilitación Internacional, que publica la Carta para los años 80, adoptando los conceptos de la clasificación de la OMS.

En 1981, la ONU consideró el Año Internacional para las Personas con Discapacidad y en 1983 publica el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.

De 1983 a 1992, la ONU declaró la Década de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad.

En 1983, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitió el Convenio 159 sobre Readaptación Profesional y el empleo de Personas Inválidas, en el que establece un acuerdo internacional que define la política destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional.

El avance en la concepción de la discapacidad a nivel internacional, ha permitido que en México se produzcan importantes cambios tanto a nivel jurídico como en la conceptualización de la presencia de la discapacidad, buscando modelos alternativos que propicien una integración en el ámbito productivo y social.

Sin embargo la aplicación de estos modelos ha sido limitado a grupos y espacios privilegiados, sobre todo en las grandes urbes y con un impacto reducido a cierto tipo de discapacidad y de la participación de grupos organizados, sin lograr trascender hacia los sectores pobres y marginados. De hecho los Centros de Rehabilitación y Educación Especial son utilizados para la generación de modelos de atención más que para atender la condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.

En la práctica se traduce en que las políticas de atención impulsadas hasta el momento, fomentan la atención individualizada de la problemática de la discapacidad, sin incluir a todos los tipos de discapacidad y excluyendo a quienes no cuentan con los recursos para acceder a los centros de rehabilitación, limitando también su participación en centros educativos especiales y mucho menos en el ámbito laboral.

La Discapacidad en México

Aspectos generales

En México el 1.8 % de la población total presenta una discapacidad, porcentaje que equivale a la presencia de 1,795,300 personas con discapacidad, de las cuales 52.6 % son hombres y 47.4 % son mujeres.

Este sector de la población habita en 1,561,993 hogares, que representa el 7 % de los reportados en el país. El tipo de hogar de las personas con discapacidad es el siguiente:

En los hogares donde viven las personas con discapacidad, habitan 7,136,285 personas.

Resalta el hecho de 100,483 personas con discapacidad viviendo solos, (hogares unipersonales).

El fenómeno de la discapacidad hace referencia a una serie de deficiencias físicas, intelectuales y sensoriales que limitan la capacidad del individuo para valerse por sí mismo y participar en la vida social y productiva.(1)

(1) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas).

Aún cuando la clasificación de los tipos de discapacidad sigue siendo un asunto de debate, la más frecuente incluye la siguiente tipología:

La discapacidad motriz, hace referencia a las alteraciones que limitan el movimiento de las extremidades inferiores, superiores y tronco. La mental es la relacionada con alteraciones de personalidad y problemas de aprendizaje. La visual es la carencia del sentido de la vista, la falta de agudeza visual o pérdida de alguno de los lóbulos oculares. La auditiva, disminución de la capacidad de escuchar de uno o de ambos oídos o la no percepción de sonido. La del lenguaje la disminución para la estructuración adecuada del lenguaje o la ineficiencia para la emisión de palabras y la ausencia total de la capacidad de lenguaje verbal.

En México, los tipos de discapacidad presentan la siguiente distribución:

La discapacidad es un fenómeno multifactorial en donde se identifican aspectos genéticos, complicaciones perinatales, enfermedades crónico - degenerativas, accidentes, adicciones, desnutrición, carencia de servicios de salud, entre otras.

En el país, el origen de la discapacidad señalado es el siguiente:

Resalta la presencia de la discapacidad por enfermedad, es decir, 567,315 personas adquirieron algún tipo de discapacidad generada por deficiencias en el diagnóstico, atención inadecuada o falta de oportunidad en la detección, lo que está relacionado directamente con la insuficiente cobertura de los servicios médicos y de acciones de prevención y cuidado de la salud.

En términos porcentuales, el 72.6 % de la población con discapacidad vive en localidades urbanas, sin embargo, la prevalencia de la discapacidad es un poco mayor en localidades rurales 2.7% contra el 2.2 %.

Por entidad federativa, el Estado de México cuenta con la mayor concentración porcentual, seguido del DF y Jalisco, estados que concentran el 27.1% de la población con discapacidad, mientras que por tasa de prevalencia, Yucatán reporta la más alta: 2.9 por cada 100 habitantes, seguido de Colima y Zacatecas, con el 5.2% del total nacional.

La distribución geográfica de la población con discapacidad es la siguiente:

Ver cuadro 4

La situación de las personas con discapacidad en México

Aunque se ha avanzado en el establecimiento de un marco jurídico normativo que protege y brinda garantías para que las personas con discapacidad se incorporen a la vida social y productiva, aún existen una serie de limitantes que les impiden acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos sociales.

De hecho la situación de desigualdad de las personas con discapacidad se puede observar en las diferencias detectadas en los indicadores específicos para este grupo de población y los nacionales en aspectos como los de educación y trabajo:

Este sector social se encuentra muy por debajo de los niveles alcanzados a nivel nacional en aspectos asociados a la educación y al trabajo, condiciones que se identifican con la posibilidad de romper el círculo de pobreza y marginación en que viven.

Las personas con discapacidad viven una situación de desigualdad y exclusión social, resultado no sólo de sus limitantes físicas, mentales y sensoriales sino de procesos sociales de exclusión, confinamiento y abandono que les impiden contar con la oportunidad de acceder a los niveles mínimos de bienestar.

Son alarmantes los indicadores que señalan que 37 niños de cada 100 con discapacidad no asisten a la escuela, que la tercera parte de los mayores de 15 años son analfabetas o que solamente la cuarta parte de este sector tiene una participación económica.

Profundizando en los indicadores sobre las características sociodemográficas de la población con discapacidad, se detectan agudas diferencias, acorde al desarrollo alcanzado por las Entidades que conforman el país, puesto que en casi todos los casos, la atención a la salud y la educación de las personas con discapacidad en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son inferiores al promedio nacional.

A manera de ejemplo se presenta el siguiente cuadro:

Como se puede observar, las diferencias regionales repercuten negativamente en las condiciones de vida de las personas con discapacidad: mientras que en Coahuila 74.4 % son derechohabiente a servicios de salud, la cobertura en Oaxaca sólo abarca al 23.4 %. Aún con referencia al promedio nacional, se observan una disminución de 21.5 puntos porcentuales en el mismo indicador.

El modelo económico neoliberal ha profundizado las desigualdades regionales, siendo la población con discapacidad uno de los sectores sociales en donde se ha polarizado significativamente la inequidad.

A la vez es pertinente señalar la carencia y desigual distribución de los servicios públicos: únicamente el 8 % de las escuelas de educación inicial y básica recibe servicios de educación especial. Por Entidad la cobertura de los servicios en las escuelas más alta es del 25 % y la más baja de menos del 5 %(2) .

(2) SEP. Programa nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. 2002.

Los índices de marginación señalan a Oaxaca como el estado en donde se ubica el mayor número de municipios con mayores niveles de marginación(3) :

(3) El índice de marginación corresponde al elaborado por el Consejo Nacional de Población, estimado con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000.

Ver cuadro7

Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los tres estados que presentan el más elevado índice de marginación en el país, situación que afecta las condiciones de vida de las personas con discapacidad; la desventaja en que viven se traduce en inequidad. A la situación de discapacidad en que se encuentra este grupo social, se le suma la carencia de los bienes básicos: sin acceso a los servicios de salud, rehabilitación, educación y trabajo.

En el país, más de la mitad de los municipios (52.8 %) que conforman el territorio nacional, son considerados como de muy alto y alto nivel de marginación(4). En ellos habitan 337,872 personas con discapacidad, es decir, el 19 % del total nacional.

(4) Estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población.

Las condiciones de vida en estos municipios se caracterizan porque su población vive en analfabetismo, la falta de estudios básicos, habitan una vivienda precaria y sin servicios tales como agua y energía eléctrica, existe desempleo y bajos ingresos. En suma, han sido excluidos de los beneficios del desarrollo.

Estas condiciones afectan aún más a las personas con discapacidad que habitan en esos municipios: a su limitante física, intelectual o sensorial se le suma la exclusión de los mínimos niveles de bienestar, colocándolos en una situación de desventaja e inequidad social.

La atención a las personas con discapacidad en situación de pobreza y vulnerabilidad social requiere el establecimiento de políticas que permitan la atención urgente y prioritaria de este sector.

Apoyar a quienes se encuentran en desventaja por su situación de discapacidad y por su situación de pobreza, es un principio básico para el desarrollo de toda la sociedad, que deberá traducirse en una política social que garantice la equiparación de condiciones para las personas con discapacidad, sobre todo, aquellas en situación de pobreza y marginalidad.

La Experiencia de la Ciudad de México

Para revertir la situación de pobreza y vulnerabilidad de las personas con discapacidad, a partir del 1º de marzo de 2001 se inició el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con una cobertura inicial de 40,333 beneficiarios, dando prioridad a quienes habitan en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación.

El programa entrega un apoyo económico mensual equivalente a la mitad del salario mínimo vigente con el objetivo de “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias de escasos recursos de zonas de media, alta y muy alta marginación del Distrito Federal, así como prevenir el confinamiento y/o abandono de niñas, niños y jóvenes con discapacidad más vulnerables de la Ciudad de México”. (5)

(5) Acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, del 24 de enero de 2001.

El comportamiento del programa de 2001 a 2005 se muestra en el siguiente cuadro:

(6) Meta establecida para el año 2005.

La cobertura anual y el porcentaje de atención de las personas con discapacidad de 0 a 69 años de edad, se muestra en la gráfica siguiente:

Con el fin de determinar la utilización que los beneficiarios estaban haciendo del apoyo económico entregado, el DIF-DF realizó una encuesta a 9,473 beneficiarios. Los resultados se observan en la gráfica siguiente:

Los resultados obtenidos señalan que 85.8 % destinan el apoyo económico a bienes de consumo básico: alimentación, medicamentos, transporte y vestido. Para la atención directa a la discapacidad como la adquisición de aparatos auxiliares, asistencia a escuelas de educación especial, la rehabilitación y para la capacitación laboral 13.3 %.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el apoyo económico entregado a los beneficiarios en el Distrito Federal ha contribuido a:

a) Frenar el empobrecimiento de las familias que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad.

El programa apoya a 61,220 familias que tienen entre sus integrantes a personas con discapacidad. Con el apoyo económico se ha incrementado el 50% de los ingresos a 49,000 familias.

Este apoyo está siendo utilizado para la adquisición de alimentos y vestido de las personas con discapacidad en el 24.1 % y 16.7 % de los casos, respectivamente.

Derivado de esto la persona con discapacidad adquiere un papel de proveedor económico, pues ya puede contribuir al gasto familiar.

b) Propiciar el inicio del proceso de integración social de las personas con discapacidad.

Poder trasladarse significa asistir con mayor regularidad a terapias físicas, ocupacionales o de lenguaje; que podrán ir a una escuela, participar en actividades recreativas, culturales y deportivas, el 22.1 % de los beneficiarios invierte su apoyo en transporte.

La posibilidad de contar con un soporte económico, les permite un desplazamiento que se traduce en una mayor participación y salir del confinamiento.

c) Generar las condiciones para que las personas con discapacidad inicien el proceso de autosuficiencia.

Tal es el caso de las familias que destinan el apoyo económico en el tratamiento terapéutico de la discapacidad, adquiriendo medicamentos (22.9 %) que requieren permanentemente y que no tienen acceso a ellos por no formar parte de algún sistema de seguridad social o por su elevado costo en el mercado.

La diferencia entre escuchar, ponerse de pie, mejorar la función de alguna extremidad o no, es el contar con aparatos o auxiliares tales como sillas de ruedas, muletas, prótesis, auxiliar auditivo, andaderas o aparatos ortopédicos en extremidades. El 5.9 % de los beneficiarios están cubriendo estos requerimientos con el apoyo económico.

Algunas de las discapacidades como son la deficiencia mental, auditiva o visual requieren de procesos educativos específicos que fomenten el desarrollo de su potencialidad. Contar con este tipo de educación puede llegar a ser la diferencia en la calidad de vida que tengan las personas.

Cabe resaltar el aumento en la autoestima de la persona con discapacidad, situación que reconoce el 82.3 % de los beneficiarios; esto se ha logrado porque el apoyo económico ha propiciado situaciones como las siguientes:

- Cambio de rol en el ámbito familiar, ya que se mitiga la imagen de carga para la familia.

- Cuenta con un respaldo que le da seguridad para realizar actividades por sí mismo, para la toma de decisiones y para lograr un grado de autonomía.

En conclusión, el apoyo económico entregado a las personas con discapacidad ha permitido:

• Frenar el empobrecimiento de 61,220 familias que tienen un integrante con discapacidad, ya que el apoyo representa un 50 % adicional para 49,000 de ellas y el 25 % para otras 7,000.
  
  

• Generar condiciones para que las personas con discapacidad inicien procesos de autosuficiencia e integración y haya un aumento significativo de su autoestima.
  
  

• Que puedan atender la diversidad de la problemática que presentan que va desde la adquisición de servicios básicos, la atención médica, la rehabilitación, la adquisición de auxiliares y aparatos ortopédicos, recibir educación especial, o capacitación para el trabajo dando la oportunidad a los beneficiarios y sus familias para que determinen la utilización de los recursos.

Programa para la Atención a las Personas con Discapacidad

Las políticas públicas instrumentadas por el Estado, deben sustentarse en estrategias que asuman como prioridad la atención a los grupos sociales que se encuentran en situación de desventaja social, sólo de esta manera se logrará incidir en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la inequidad y desigualdad en que viven millones de mexicanos.

En este contexto, el establecimiento de programas y acciones que permitan la creación de opciones para la población con discapacidad que se encuentra en condición de pobreza y vulnerabilidad social es una prioridad impostergable.

El Estado debe velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a su discapacidad o a factores relacionados con ésta, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo, que han sido excluidos de la educación, que no tienen acceso a la salud o a una vivienda digna.

Esta condición es crucial para garantizar la creación de oportunidades para las personas con discapacidad, quienes sólo así podrán aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

Es por ello la propuesta del establecimiento de una política pública a favor de este sector social que:

• Incida directamente en el ingreso personal y familiar de los hogares con presencia de personas con discapacidad.
  
  

• Permita su aplicación en las necesidades más apremiantes de las personas con discapacidad.
  
  

• Garantice una continuidad que permita convertirse en un sustento para desencadenar procesos de autosuficiencia.
  
  

• Reconozca la diversidad de los requerimientos de la discapacidad y la heterogeneidad regional.
  
  

• Dé prioridad a aquellas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Para lograr lo anterior, es necesario que en el proceso de planificación general y en la estructura administrativa gubernamental, se lleve a cabo un gran esfuerzo de austeridad para que los gastos que no son estrictamente necesarios de realizar, se destinen a programas sociales de atención a los grupos más vulnerables de la sociedad, en donde se incluye a las personas con discapacidad.

La estrategia propuesta para la atención de este sector, consiste en la operación de un Programa Nacional de Apoyo Económico para las Personas con Discapacidad que atienda directamente a las que se encuentren en una situación de pobreza y marginación.

Este programa entregará mensualmente una cantidad equivalente a la mitad del salario mínimo a las personas de 0 a 69 años que viven en los municipios con mayor pobreza, para lo cual se integrará un padrón de personas con discapacidad permanente con base en:

• La relación de usuarios de las unidades básicas de rehabilitación y de los centros de rehabilitación.
  
  

• La realización, con el auxilio de las autoridades municipales, de recorridos por las localidades con el fin de identificar a las personas con discapacidad.

Esto permitirá elaborar una base de datos con la información de las personas con discapacidad.

Los recorridos permitirán la ubicación de los servicios existentes que garanticen la entrega del apoyo económico directo a las personas con discapacidad o al responsable de su cuidado. En cualquier caso deberá garantizar la oportunidad y transparencia en el manejo de los recursos económicos.

La operación del programa se realizará en las siguientes fases:

Primera:

Corresponde a los 386 municipios de muy alto nivel de marginación, de los estados de Oaxaca (182), Veracruz (49), Chiapas (44), Puebla (35), Guerrero (30), Chihuahua (10), Hidalgo (9), Michoacán (7), San Luis Potosí (6), Yucatán (5), Durango (3), Campeche (1), Guanajuato (1), Jalisco (1), México (1), Morelos (1), Querétaro (1).

En estos municipios viven 53,079 personas con discapacidad.

La prioridad será entregar el apoyo económico al 100 % de las personas con discapacidad de los municipios de muy alto nivel de marginación.

Segunda:

Los 906 municipios de alto nivel de marginación, de los estados de Oaxaca (276), Puebla (118), Veracruz (97), Yucatán (77), Chiapas (65), Guerrero (37), San Luis Potosí (34), Hidalgo (32), México (29), Michoacán (28), Jalisco (19), Tamaulipas (14), Guanajuato (10), Querétaro (10), Zacatecas (10), Sinaloa (7), Chihuahua (6), Durango (6), Nuevo León (6), Campeche (5), Sonora (4), Tabasco (4), Tlaxcala (4), Morelos (3), Quintana Roo (3), Nayarit (2).

En estos municipios viven 189,354 personas con discapacidad.

Tercera:

Contemplará los 486 municipios de medio nivel de marginación, principalmente de los estados de Oaxaca (76), Michoacán (54), Puebla (46), Veracruz (39), Jalisco (32), Zacatecas (27), Yucatán (21), Guanajuato (19), México (18), Tlaxcala (17), Durango (16), Hidalgo (16), Morelos (16), Tamaulipas (12), San Luis Potosí (11), Tabasco (10), Nayarit (8), Sonora (8), Chihuahua (7), Coahuila (6), Chiapas (6), Guerrero (5), Aguascalientes (3), Campeche (3), Querétaro (3), Sinaloa (3), Colina (2) y Nuevo León (2).

En estos municipios viven 170,696 personas con discapacidad.

Cuarta:

Las personas con discapacidad que habitan en municipios considerados como de bajo y muy bajo nivel de marginación, que perciban ingresos inferiores a dos salarios mínimos, en los 665 municipios restantes de la República Mexicana.

Con esta estrategia se alcanzará una cobertura de 698,890 incluyendo al 100% de personas con discapacidad que habitan en municipios de medio, alto y muy alto nivel de marginación.

Por año, así como la inversión propuesta se observa en la siguiente tabla:

A partir de este esfuerzo, se construirán las bases para cumplir con la incorporación en igualdad de condiciones al desarrollo y el ejercicio de los derechos aceptados internacionalmente de las personas con discapacidad que consisten en:

• Igualdad efectiva de los derechos civiles. Tales como protección de la persona, libertades, derechos lingüísticos y de comunicación.
  
  

• Igualdad efectiva en derechos políticos. Tales como el derecho a formar partidos, unirse a estos, a participar en la vida pública y política, a participar en responsabilidades cívicas)
  
  

• Derechos sociales y apoyo a las personas con discapacidad. Tales como la educación, el trabajo, la salud, un nivel de vida adecuado, vivienda, alimentación y vestido, a la seguridad social, a la cultura, recreación y deporte.